La concejal capitalina Sandra Olivera detalló iniciativas legislativas para la ciudad de Corrientes, entre ellas un registro de maltratadores de animales y un plan de poda preventiva, además de la regularización del espacio público.
La concejal capitalina Sandra Olivera detalló a EL LIBERTADOR diversas iniciativas legislativas para la ciudad de Corrientes, destacando la creación de un registro de maltratadores de animales que prohibiría la tenencia de mascotas a los infractores. La legisladora también explicó el desarrollo de un plan de poda preventiva para evitar accidentes durante las tormentas de verano y proteger a las abejas de los efectos nocivos del tulipanero africano. Asimismo, abordó la regularización del espacio público, enfatizando la necesidad de que los vendedores ambulantes cuenten con permisos legales para garantizar una competencia justa con los comercios establecidos.
—Concejal, uno de los temas que más preocupa al sector comercial y a los vecinos es el uso del espacio público. Se ha hablado mucho de lo que ocurre en ruta 5 y de posibles cambios en la peatonal Junín. ¿Cuál es el plan para el ordenamiento de los vendedores ambulantes?
—Se viene trabajando intensamente en el ordenamiento. Es fundamental entender que atravesamos una situación económica crítica en todo el país y eso no lo podemos ignorar. Sin embargo, el objetivo principal es que los vendedores ambulantes no perjudiquen a quienes ya están establecidos. Buscamos que puedan trabajar de manera ordenada y, sobre todo, que cumplan con la normativa vigente. En la ciudad tenemos reglas claras sobre los permisos necesarios para realizar esta actividad.
—Existe un malestar entre los comerciantes establecidos que pagan alquiler e impuestos frente a lo que consideran una competencia desleal. ¿Cómo se equilibra esa balanza?
—Lo que se intenta es, meramente, que todas las personas que ofrecen un producto estén dentro de la ley para que no haya una desventaja injusta entre quien sostiene un local, pagando alquiler e impuestos, y quien está en la calle sin esas obligaciones. La premisa es clara: aquella persona que esté dentro de las reglas y cuente con su permiso municipal, puede trabajar tranquilamente.
—Circulan versiones de que, tras la finalización del Mundial, habrá medidas más estrictas en la peatonal Junín. ¿Qué hay de cierto en esto y cómo impactará a los vendedores extranjeros que han sido señalados por algunos comerciantes?
—Comentarios siempre hay, pero la gestión municipal siempre ha buscado que quienes trabajen tengan su permiso gestionado adecuadamente. Respecto a los planteos sobre la nacionalidad de algunos vendedores —de países vecinos o de África—, quiero ser muy clara: estoy totalmente en desacuerdo con que la nacionalidad sea un impedimento para trabajar. Si la persona tiene su permiso legal, debe poder ejercer su labor. También debemos entender que el consumo ha cambiado; los comerciantes locales se están reconvirtiendo porque la gente ya no sale a comprar de la misma manera que antes. Nuestro trabajo es mejorar las condiciones para todos los que aportan a la ciudad.
—Pasando a la agenda legislativa, usted impulsa un registro de maltratadores de animales. ¿Cómo funcionaría este control y qué sanciones prevé?
—El proyecto entró en comisión hace unas cuatro semanas y busca crear un registro integrado por personas multadas por el Municipio o sancionadas por la Justicia ordinaria bajo la Ley 14.346. Lo más importante es la prevención: quienes integren este registro no podrán tener animales bajo su custodia ni en su domicilio por un periodo de al menos cinco años. Queremos evitar que el maltratador vuelva a vincularse con animales domésticos.
—Muchos vecinos temen denunciar por posibles represalias. ¿Se garantiza el anonimato?
—Es importante aclarar que las denuncias no son anónimas, porque necesitamos verificar la veracidad del hecho, ya sea a través del 147 o en comisarías. No obstante, el vecino debe tener la total tranquilidad de que sus datos están resguardados por el Municipio. Al visitar un domicilio para constatar un caso de maltrato, nunca se da a conocer quién realizó la denuncia. El compromiso ciudadano debe ser pleno.