El fiscal de Cámara Federal Marcelo Burella Acevedo describió los cambios que introdujo el nuevo Código Procesal Penal Federal en la provincia y afirmó que la dotación actual de 35 agentes resulta insuficiente para sostener la oralidad. Señaló que el narcotráfico concentra cerca del 90% del trabajo judicial.
La implementación del sistema acusatorio en la Justicia Federal de Corrientes modificó la dinámica de investigación y tramitación de las causas penales en la provincia.
El nuevo esquema comenzó a regir para los delitos cometidos a partir del 1 de diciembre de 2025 y convive de manera simultánea con el sistema mixto tradicional, aplicable a los hechos ocurridos hasta el 30 de noviembre de 2025.
En declaraciones a Radio Sudamericana, el fiscal de Cámara Federal Marcelo Burella Acevedo aclaró que su cargo no desapareció con la reforma, pero advirtió que la convivencia entre ambos modelos implica «muchísimo más trabajo» y un desgaste operativo que requerirá ajustes presupuestarios.
El cambio central de la reforma radica en la eliminación del esquema fragmentado en el que intervenían distintos fiscales según la instancia judicial.
Bajo el nuevo código, la investigación queda centralizada en la figura del «fiscal del caso», quien asume el expediente desde las diligencias iniciales, formaliza la imputación y sostiene la acusación a lo largo de todo el proceso hasta el juicio oral, donde formula los alegatos y solicita la absolución o condena.
Esta transformación exige una presencia permanente en las audiencias orales, convirtiendo a la presencialidad en un eje ineludible.
«¿Cómo una persona va a estar en dos lugares o tres lugares al mismo tiempo? No puede, es imposible», planteó Burella Acevedo al graficar la exigencia horaria del modelo, ponderando al mismo tiempo el rol determinante que cumplen los auxiliares fiscales para mantener operativo el fuero.
Al límite
En la sede capitalina de Corrientes, el Ministerio Público Fiscal (MPF) cuenta actualmente con 35 personas, cifra que abarca a cinco fiscales, 12 funcionarios con rango de auxiliares fiscales y personal administrativo.
Para Burella Acevedo, esta dotación no alcanzará a futuro para afrontar la demanda procesal de la región.
Frente a esta carencia, el fiscal sostuvo que provincias como Corrientes, Chaco, Misiones y Formosa deberán impulsar iniciativas legislativas de fortalecimiento institucional, tomando como referencia el precedente de Santa Fe y Rosario, donde se crearon nuevas fiscalías enfocadas en la delincuencia organizada.
A la falta de cargos se suma una traba burocrática en la gestión del talento humano.
Según explicó el funcionario, existen profesionales de amplia trayectoria en el Poder Judicial interesados en trasladarse al MPF, pero la falta de mecanismos eficaces para reconocer la antigüedad, los regímenes laborales y los conceptos salariales frena los pases.
Esta demora arriesga la pérdida de capacitación específica en materia penal. «Muchas veces en nuestro país la burocracia nos gana», lamentó el fiscal.
Gabinete científico
El traspaso de competencias investigativas desde el Poder Judicial hacia el MPF no estuvo acompañado por la transferencia de los recursos materiales indispensables. Burella Acevedo cuestionó que no se hayan creado o traspasado laboratorios, gabinetes científicos ni cuerpos médicos bajo la órbita de las fiscalías, dejándolas sin herramientas periciales propias.
La falta de estos recursos resulta crítica en una provincia con fronteras con Paraguay y Brasil, donde el narcotráfico representa cerca del 90 por ciento de la actividad diaria del MPF.
El nuevo enfoque busca superar la mera detención de los transportistas o vendedores minoristas para enfocar la persecución sobre los eslabones superiores y el aspecto económico de las bandas.
«Las personas son fungibles. Mientras la organización siga existiendo y contando con medios económicos, el problema no se va a terminar», aseveró el fiscal.
Para compensar estas falencias operativas, la fiscalía se apoya en la asistencia de procuradurías especializadas de la Nación como la Procunar (narcotráfico), la Procelac (delitos económicos) y la Ufeco (crimen organizado).
Este esquema articulado permitió avanzar en causas complejas como las investigaciones sobre narcotráfico que involucraron a dirigentes políticos y funcionarios judiciales en la provincia.
Valoraciones
Al referirse al trámite de la causa por la desaparición de Loan en el fuero federal, Burella Acevedo valoró el trabajo de instrucción efectuado por el fiscal federal de Goya, Mariano de Guzmán, quien inició la labor con un equipo de solo seis personas y la colaboración de áreas como Protex y Ufeco.
«El juicio oral se va edificando sobre el trabajo que se hace en la instrucción», remarcó el funcionario.
A modo de balance, Burella Acevedo ratificó su evaluación positiva del modelo acusatorio en sí mismo: «El sistema como sistema va a funcionar y va a funcionar muy bien».
Sin embargo, enfatizó que el éxito definitivo de la reforma no dependerá únicamente del texto legal, sino del incremento efectivo del presupuesto, la asignación de más fiscales, nuevas estructuras y una planificación adecuada al volumen de causas que enfrenta la región.