viernes, 18 septiembre, 2026

Condado Orange de Florida revisa su acuerdo de cooperación migratoria con el ICE

La comisión del condado debatirá el 21 de abril la continuidad del programa federal 287(g), que autoriza a funcionarios locales a realizar funciones de inmigración, en medio de presiones presupuestarias y operativas.

El condado Orange, en el estado de Florida, Estados Unidos, analizará nuevamente su relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en una reunión programada para el 21 de abril. El debate se centrará en los costos, la dotación de personal y la capacidad operativa de esta colaboración.

Según informes, en la agenda de la Comisión del Condado figuran dos decisiones que podrían reducir el nivel de cooperación actual. Este vínculo se basa en el programa federal 287(g), un marco legal que permite a agencias estatales y locales cumplir funciones migratorias bajo supervisión federal. En el caso de Orange, la cooperación se desarrolla bajo el modelo WSO, que autoriza a ciertos oficiales a ejecutar órdenes administrativas de arresto por motivos migratorios y notificar órdenes de deportación al liberar a un detenido.

Este esquema fue formalizado mediante un memorando de acuerdo firmado el 14 de febrero de 2025. La colaboración está actualmente bajo revisión, y el municipio evaluará en abril si continúa o modifica estos acuerdos debido a presiones presupuestarias y legales.

Previamente, el condado ya había establecido algunas restricciones. Desde el 1° de marzo, la cárcel local fijó límites para aceptar personas retenidas solo por motivos migratorios civiles, sin cargos criminales locales, estableciendo un cupo de 66 hombres y 64 mujeres según su capacidad operativa. También eliminó la práctica de volver a ingresar detenidos para reiniciar el conteo de las 72 horas de custodia civil.

La cárcel enfrenta una tasa de vacantes del 25% entre sus agentes penitenciarios, lo que complica el cumplimiento de mandatos adicionales. En 2025, el alcalde Jerry Demings rechazó firmar un anexo que obligaría a las autoridades locales a trasladar detenidos a centros federales más alejados, argumentando que esa tarea corresponde al gobierno federal.

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